¿Quién debe pagar por todo este des… orden?
- Los países en desarrollo, desde los pequeños estados insulares hasta regiones amplias de África, Asia y América Latina, se han visto golpeados por fenómenos para los que no tienen recursos suficientes.
¿Quién debe pagar por todo este des… orden?
En la COP30, que se celebra en Belém, Brasil, una de las discusiones más sensibles gira alrededor de un tema tan antiguo como la propia diplomacia climática: ¿quién debe pagar por los costos cada vez más altos de enfrentar los efectos del cambio climático? Lo que hoy está en debate no es solo un asunto financiero, sino un dilema ético y político. Mientras los impactos se intensifican y amenazan la estabilidad de países en desarrollo, las naciones más ricas siguen evadiendo, total o parcialmente, la magnitud de su responsabilidad histórica.
El argumento, repetido durante décadas pero hoy más apremiante, es claro: la prosperidad de las naciones industrializadas fue construida en gran medida gracias a la explotación intensiva de combustibles fósiles. Carbón, petróleo y gas alimentaron su crecimiento económico y su infraestructura moderna. Pero al quemarlos masivamente liberaron a la atmósfera gases que detonaron el calentamiento global. En otras palabras, el éxito económico del norte global dejó factura… pero la factura le llegó primero y con más fuerza al sur.
Países en desarrollo con recursos limitados
Los países en desarrollo, desde los pequeños estados insulares hasta regiones amplias de África, Asia y América Latina, se han visto golpeados por fenómenos para los que no tienen recursos suficientes. Sequías más prolongadas, lluvias torrenciales, huracanes más destructivos, pérdida acelerada de biodiversidad, incendios, deshielos, amenazas directas a la salud pública, migración forzada, interrupción de servicios esenciales y daños multimillonarios a la infraestructura. La lista crece año con año y, lo más grave, crece más rápido que la disponibilidad de financiamiento.
Por ello, la demanda es contundente, si los países más ricos ayudaron a crear este desorden global, es justo que contribuyan de manera proporcional a resolverlo. No se trata de caridad, sino de reparación y corresponsabilidad. Pero la pregunta clave es cómo determinar qué es “lo justo”. ¿Con base en las emisiones históricas? ¿En la capacidad económica actual? ¿En los impactos esperados? Cada criterio abre nuevas tensiones geopolíticas, y ninguna fórmula alcanza para satisfacer a todos.
LATAM como región vulnerable
Además, está el reto operativo, ¿cómo movilizar inversiones y financiamiento de manera efectiva, transparente y urgente? Los fondos actuales, como el de Pérdidas y Daños o el de Adaptación, siguen siendo insuficientes, tardados y burocráticos. Las necesidades reales son de billones de dólares al año, no de millones, y eso exige herramientas nuevas, como bonos verdes soberanos, financiamiento concesional, mecanismos innovadores de aseguramiento climático, alianzas público-privadas y reformas profundas a la arquitectura financiera internacional.
Para América Latina y México, este debate no es ajeno ni abstracto. Nuestra región es una de las más vulnerables del planeta, con ciclones más intensos en el Caribe, incendios en el Cono Sur, estrés hídrico en México y Centroamérica, afectaciones agrícolas, presión migratoria y ciudades expuestas a olas de calor extremo. Adaptarnos y proteger a nuestras poblaciones no será barato, pero tampoco hacerlo tarde. El costo de no actuar siempre termina siendo mayor.
La discusión sobre quién debe pagar no es una disputa contable, sino un recordatorio incómodo: el desorden climático es global, pero la responsabilidad no está distribuida de manera pareja. Y si no logramos ponernos de acuerdo ahora, en unos años ya no discutiremos costos… discutiremos consecuencias irreversibles.
