Inclusión financiera: qué es, por qué importa y cómo la impulsan las empresas

La inclusión financiera describe el acceso efectivo de personas y hogares a productos formales de ahorro, crédito, seguros y pagos. Este artículo explica qué la define, por qué el primer crédito importa, cómo se mide en México y qué papel juegan las empresas responsables.

¿Qué es la inclusión financiera?

La inclusión financiera es la posibilidad real de que cualquier persona adulta acceda, use y comprenda productos y servicios financieros formales: cuentas de ahorro, crédito, seguros y medios de pago. No basta con que existan; deben ser asequibles, adecuados al perfil del usuario y estar acompañados de información clara sobre sus condiciones.

Conviene subrayar la palabra efectivo. Una persona puede tener una cuenta abierta y no usarla nunca porque la sucursal le queda lejos, porque desconfía de la institución o porque nadie le explicó cómo funciona. Eso, en términos técnicos, cuenta como acceso, pero no como inclusión.

¿Por qué importa el primer crédito formal?

El primer crédito formal es, para muchas familias, la puerta de entrada al sistema financiero. Al registrarse ante las sociedades de información crediticia, cada pago puntual construye un historial. Ese historial es el que, más adelante, permite negociar tasas más bajas, montos mayores y plazos más largos: un crédito para una herramienta de trabajo, para ampliar la vivienda o para sostener un negocio familiar.

Sin historial, el camino suele ser el opuesto. Quien queda fuera del sistema formal recurre a préstamos informales, a menudo con tasas impagables y sin ninguna protección al usuario. Por eso la exclusión financiera funciona como un multiplicador de la desigualdad: encarece la vida precisamente de quien menos puede pagarla.

¿Cómo está la inclusión financiera en México?

Los datos oficiales provienen de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que levantan de forma conjunta el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su edición más reciente, correspondiente a 2024, ofrece el retrato más completo disponible sobre la población de 18 a 70 años.

Los hallazgos principales dibujan un avance desigual:

1. Tenencia general en máximos. Cerca de ocho de cada diez personas contaban con al menos un producto financiero formal —cuenta, crédito, seguro o afore—, el nivel más alto registrado desde 2015 (INEGI).
2. El crédito, muy por detrás. Solo 37.3% de la población disponía de al menos un crédito formal. Es decir, casi dos terceras partes de las personas adultas siguen sin acceso a financiamiento regulado.
3. Una brecha de género persistente. El porcentaje de mujeres con crédito formal fue de 36.1, frente a un dato mayor entre los hombres. La distancia se amplía en el ahorro para el retiro, donde la diferencia supera los 17 puntos porcentuales.
4. El comercio como primera puerta. El producto de crédito formal más extendido no es la tarjeta bancaria, sino la tarjeta departamental, con una penetración cercana a 23% de la población adulta (CNBV).
5. Las razones de la exclusión no son solo económicas. Entre quienes nunca han tenido una cuenta, pesan tanto la falta de ingresos suficientes como la percepción de no necesitarla, además del desconocimiento sobre cómo usarla o los requisitos solicitados.

Ese cuarto dato explica por qué el sector minorista aparece una y otra vez en la conversación sobre inclusión: para millones de hogares, el crédito comercial llegó antes que cualquier producto bancario.

¿Cuáles son las cuatro dimensiones de la inclusión financiera?

Los organismos reguladores suelen analizarla en cuatro dimensiones que conviene distinguir, porque una organización puede avanzar mucho en una y nada en las demás.

1. Acceso. La infraestructura disponible: sucursales, corresponsales, cajeros, plataformas digitales. Es la dimensión más visible y la que primero se mide.
2. Uso. La frecuencia e intensidad con que las personas realmente aprovechan esos productos. Una cuenta inactiva no genera bienestar.
3. Calidad y protección. Condiciones transparentes, costos comprensibles, mecanismos de queja y trato digno. Aquí se juega la diferencia entre incluir y endeudar.
4. Educación financiera. El conocimiento que permite comparar opciones, entender una tasa y anticipar una mensualidad. Sin ella, el acceso puede volverse en contra del usuario.

¿Qué papel juegan las empresas en la inclusión financiera?

Durante mucho tiempo se asumió que este era un asunto exclusivo de bancos y reguladores. Ya no. Cadenas comerciales, empresas de tecnología financiera, cooperativas y compañías de consumo masivo intervienen hoy en la trayectoria financiera de sus clientes, y también en la de sus propios equipos de trabajo. Sus líneas de acción más frecuentes son cuatro:

1. Otorgar el primer crédito con criterios responsables. Evaluar la capacidad de pago real, informar el costo total del financiamiento y evitar la colocación agresiva. Un cliente sobreendeudado no es un cliente incluido.
2. Acompañar con educación financiera. Contenidos, simuladores y asesoría en el punto de venta que expliquen qué es una tasa, qué implica un atraso y cómo se construye un historial.
3. Extender el beneficio a la propia plantilla. Programas de becas educativas, cajas de ahorro, adelantos de nómina sin costo y asesoría patrimonial para colaboradores y sus familias. Es una de las expresiones más directas de la responsabilidad social empresarial hacia adentro.
4. Trabajar en red con el tercer sector. Las fundaciones corporativas y las organizaciones de la sociedad civil llegan a territorios y poblaciones que la operación comercial no alcanza, sobre todo en comunidades rurales y en emergencias.

Cuando el negocio y el beneficio social crecen juntos —más clientes bancarizados, menos morosidad, comunidades con mayor capacidad de consumo—, se está frente a un caso claro de valor compartido, no de filantropía.

¿Cómo se conecta la inclusión financiera con la agenda ESG?

La inclusión financiera es un tema material de la dimensión social en los criterios ASG y ESG, y cada vez aparece con más frecuencia en los ejercicios de materialidad del sector comercial y financiero.

El vínculo se ha vuelto además financiero en sentido estricto. Los créditos sindicados vinculados a la sostenibilidad —conocidos como sustainability-linked loans— condicionan la tasa de interés al cumplimiento de indicadores acordados con la banca acreedora. Si la empresa alcanza sus metas, paga menos; si las incumple, el costo del financiamiento sube.

Los indicadores más habituales en el mercado mexicano incluyen el porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo, la capacidad instalada de energía renovable, la reducción de emisiones o la proporción de residuos desviados de rellenos sanitarios. Este diseño obliga a que los compromisos sociales y ambientales se vuelvan verificables, auditables y comparables año con año, lo que a su vez alimenta los reportes de sostenibilidad y el diálogo con los grupos de interés.

¿Qué riesgos existen y cómo se miden los avances?

El riesgo principal tiene nombre propio: sobreendeudamiento. Ampliar el acceso al crédito sin evaluar la capacidad de pago ni explicar las condiciones no reduce la vulnerabilidad, la traslada. De ahí que hoy se hable menos de inclusión financiera a secas y más de inclusión financiera responsable.

Para distinguir una de otra, conviene revisar indicadores que van más allá del número de clientes nuevos:

• Proporción de personas que acceden por primera vez a un producto formal.
• Nivel de morosidad y su evolución en el tiempo.
• Índice de retención y reincidencia en el uso del producto.
• Alcance de los programas de educación financiera y su efecto medible.
• Brechas por género, edad y tamaño de localidad dentro de la propia cartera.
• Quejas recibidas y tiempo de resolución.

Este enfoque conecta directamente con la Agenda 2030: el acceso a servicios financieros aparece como meta explícita en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los relacionados con la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el trabajo decente.

La inclusión financiera como infraestructura del bienestar

Incluir financieramente a una persona no se agota en abrirle una cuenta o aprobarle un primer crédito. Significa darle herramientas para planear, para absorber un imprevisto sin caer en la informalidad y para construir patrimonio con reglas claras.

Para las organizaciones, el reto es igual de concreto: medir con honestidad si su oferta financiera mejora la vida de quien la contrata o solo amplía el volumen de cartera. Esa pregunta, respondida con datos y sostenida en el tiempo, es la que separa un programa de negocio de una contribución real al desarrollo.