Gobierno federal y OSC en México, una tensa relación

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En los primeros meses de gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se publicó un decreto ejecutivo que faculta a la Secretaría de Gobierno para supervisar, coordinar, monitorear y seguir las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales (ONG), o como las denominamos en México organizaciones de la sociedad civil (OSC). En agosto de 2019, ante medios de comunicación, se refirió a las OSC como posibles responsables detrás de los incendios del Amazonas. “Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esos oenegeros para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos… he cortado el dinero público que iba para las ONG que operan en la región amazónica, con proyectos supuestamente volcados al cuidado del ecosistema”1.  De manera más reciente, en septiembre pasado declaró lo siguiente: “Ustedes saben que las ONG no tienen espacio conmigo. Seré duro con esa gente. No consigo matar ese cáncer en gran parte llamado ONG”2.

Nicaragua y Ecuador enfrentan también una situación tensa entre ambos actores. El primer caso, en el año 2018. el presidente Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de tres OSC, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) dedicado a actividades de contraloría social gubernamental, y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)3. En el segundo caso, la investigadora de University at Albany, Susan Appe4, ha documentado que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se canceló también el registro de dos organizaciones emblemáticas del sector asociativo ecuatoriano, Acción Ecológica en 2009 y la Fundación Pachamama en 2013. Adicionalmente se promulgó el decreto No. 982 que estableció nuevos requerimientos para mantener el estatus legal y la necesidad de tramitar un permiso de trabajo para OSC internacionales.

En ambos países la libertad de asociación es cuestionada; cuando un grupo de ciudadanos quiere fundar una OSC debe pedir permiso al Congreso de Nicaragua para que apruebe su existencia. Mientras que en Ecuador se debe pedir permiso al presidente de la República quien lo delega a los ministerios correspondientes.

Kurt Weyland, investigador de University of Texas at Austin ha señalado que la resistencias a la democracia participativa por parte de algunos paìses latinoamericanos devienen de nuevas interpretaciones “democráticas” entre las cuales se encuentran las “democracias personalistas-plebiscitarias”, “democracias de autoritarismo suave (soft)” y “democracias populistas5”. Una parte de nuestros países latinoamericanos experimentan estas “otras interpretaciones” de la “democacracia” en donde las OSC no tienen cabida en tanto jueguen un papel crítico ante el poder político, en algunos gobiernos esto supone la existencia de “OSC buenas” y “OSC malas”.

En México, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se inauguró con la “Circular Uno” del gobierno federal, emitida en febrero de 2019, por medio de la cual se dio a conocer la decisión de no transferir recursos del presupuesto a organizaciones sociales, sindicales, civiles y movimientos ciudadanos “con el propósito de terminar en definitiva con tal intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.

La omisión es una forma de obstaculización. A diferencia de los tres últimos sexenios en México, en el discurso programático del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (en sus dos versiones) las OSC no figuran como actores en el diseño, implementación, monitoreo o evaluación de las política pública, y tampoco aparecen como objeto de derechos mediante la definición de políticas públicas específicas.

A inicios de la presente administración desaparecieron tanto el Programa de Coinversión Social (PCS) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que preveía de financiamiento publico a las organizaciones, como el Programa de apoyo de Refugios para Mujeres que tenía una fuerte coinversión de las OSC. Hoy el Indesol es un minimizado espacio gubernamental imposibilitado para cumplir con sus atribuciones, por una parte debido a la restricción presupuestal y por la otra, por la decisión de administrar su gradual desaparición.

En 2018 el gobierno federal contabilizó 471 mecanismos de participación ciudadana, se emitieron lineamientos para su fortalecimiento6 que entre otras disposiciones establecían un sistema de registro y seguimiento de dichos mecanismos. Hoy en día, las acciones para su seguimiento, responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, no se realizan más. El desmantelamiento de dispositivos institucionales alcanza también prácticas de obstrucción y burocratización de estos mecanismos encaminados al diseño de políticas pública de fomento a las OSC. En 2019, incumpliendo la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC y su reglamento, la Comisión de Fomento rechazó, en dos ocasiones, la terna presentada por las y los consejeros para nombrar al (la) responsable de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Comisión de Fomento. Adicionalmente, tanto el Consejo Técnico Consultivo como el Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno de la República (ambos con presencia de la Secretaría de Gobernación) han transitado por un proceso de burocratización en el cual las discusiones se concentran en temas de cumplimiento burocrático de procesos más que en las atribuciones que estos mecanismos tienen en materia consultiva de diseño, implementación y evaluación de las políticas de fomento a las OSC. El CTC recientemente se ha pronunciado frente a estos ataques sistemáticos del Gobierno Federal, su posicionamiento se encuentra en la página de internet del propio Consejo7.

De manera más reciente, se publicó en la Gaceta Parlamentaria la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de donatarias autorizadas, que de manera muy breve propone tres preocupantes medidas:

1. Cualquier gasto no amparado por comprobante fiscal digital CFDI por internet o que no estén pagadas con cheque nominativo o trasferencia de fondos, se considerará como remanente distribuible.
2. Adicionar al artículo 80 de la LISR un octavo párrafo para que, en caso de que las donatarias autorizadas obtengan más del 50% de ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social, pierdan su autorización, con la suposición de evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener un lucro.
3. Adicionar causales y procedimiento de revocación de la autorización.

Al respecto, el colectivo UnidOSC, que integra a especialistas, académicos y OSC especializadas en defensa de los derechos de las organizaciones, ha hecho un posicionamiento8 para cada uno de los puntos de la reforma, así como propuestas alternativas.

Esta iniciativa se suma a un conjunto de omisiones, obstáculos y regulaciones que van contra los derechos de las OSC y, en consecuencia, contra la democracia participativa a la que aspiramos. Como afirman especialistas en el tema, “antes no estábamos bien, pero pudimos avanzar en la construcción de una relación institucional”.

Brasil y México fueron ejemplos de avanzada en América Latina. En México, con la publicación de la Ley de Fomento en 2004, con la creación del CTC y en 2015 con la publicación de la Cuenta Satélite de Instituciones sin Fines de Lucro en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que mide las contribuciones de las OSC al PIB y a la generación de empleos; también con la disposición de fondos para organizaciones a través de varios programas como el PCS, con la identificación de mecanismos de participación ciudadana, entre otros.

Hoy asistimos a una nueva etapa de desmantelamiento de los dispositivos institucionales de fomento y de un ataque sistémico a las OSC y a sus integrantes. Al respecto, en su espacio Convicciones en el diario El Economista9, Rubén Aguilar publicó el 5 de junio de 2019 una reflexión sobre los prejuicios del Presidente en torno al tema.

“El presidente López Obrador, formado en el PRI, confunde el Estado con el gobierno, y ve en las OSC a grupos que no puede controlar y alinear, sin más, a su proyecto. En su anacrónica visión estatista, donde gobierno y Estado son lo mismo, no entiende y tampoco reconoce el papel de los otros actores en la construcción del Estado”.

Las relaciones entre gobierno y sociedad son naturalmente tensas, es parte del proceso de gobernanza. En la medida que estas relaciones se den en el marco de un ambiente institucional, estaremos contribuyendo al fortalecimiento de la democracia participativa. Sin embargo, las expectativas de mejora de la relación institucional entre ambos actores son bajas. Una “democracia personalista y plebiscitaria”, en términos de Weyland, como la que tenemos hoy los mexicanos, en donde la opinión de un solo hombre es la verdad del resto de las dependencias y entidades de la administración pública federal, no da elementos de esperanza para un cambio; no obstante, como un buen referente del sector afirma “los gobiernos van y vienen, pero las OSC siguen y seguirán”.

Autor: Humberto Muñoz Grandé es miembro del Colectivo UnidOSC por los Derechos de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Profesor Investigador de la Universidad Anáhuac México.

Referencias:

• 1 Bolsonaro insinúa que las ONG son responsables de incendios en la Amazonía (2019, 21 agosto). Deutsche Welle.
• 2 Bolsonaro se refiere a las ONG como un “cáncer que no ha podido matar”, La Jornada.
• 3 Salinas, C. (2018, 12 diciembre). Daniel Ortega arremete contra las ONG de Nicaragua. El País.
• 4 Appe, S. M., & Layton, M. D. (2015). Government and the Nonprofit Sector in Latin America. Nonprofit Policy Forum, 7(2), 117–135. https://doi.org/10.1515/npf-2014-0028
• 5 Weyland, K. 2013. “The Threat from the Populist Left.” Journal of Democracy 24 (3):18–32.
• 6 LINEAMIENTOS para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
• 7 Disponible en el Consejo Técnico Consultivo
• 8 Disponible en Derechos OSC.
• 9 Disponible en El Economista “Sociedad Civil” de Rubén Aguilar.