La debida diligencia en derechos humanos es el proceso con el que una empresa identifica, previene y repara daños a personas y ambiente en toda su cadena de valor. Nació como estándar voluntario. Con la CSDDD, será obligatoria en la UE para las empresas más grandes desde 2029.
¿Qué es la debida diligencia en derechos humanos?
Es un proceso continuo con el que una empresa identifica los impactos negativos que su actividad puede causar a los derechos humanos y al ambiente. Después los previene, los reduce o los repara, y rinde cuentas de lo que hace. El enfoque se basa en los riesgos y se ajusta al tamaño de la empresa.
En la práctica, no es un documento ni una auditoría única. Es una forma de gestión que se repite, se revisa y se mejora con el tiempo. Además, no se limita a la propia empresa. También incluye a las filiales, a los proveedores y a otros socios comerciales vinculados con sus productos o servicios.
Origen de la debida diligencia: Principios Rectores de la ONU y guía de la OCDE
El concepto llegó al mundo empresarial con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos los respaldó por unanimidad en 2011. Estos principios no crean nuevas obligaciones jurídicas internacionales. Sin embargo, fijan un estándar de conducta que hoy es la referencia para gobiernos, inversionistas y organizaciones civiles.
El Principio Rector 17 describe cuatro componentes de la debida diligencia:
- Evaluar los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos.
- Integrar los hallazgos y actuar en consecuencia.
- Dar seguimiento a las respuestas.
- Comunicar cómo se abordan los impactos.
Por otro lado, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, vigentes desde 1976 y actualizadas en 2023, recomiendan el mismo enfoque. Su Guía de Debida Diligencia, publicada en 2018, lo traduce en un proceso de seis pasos aplicable a empresas de cualquier tamaño, sector y país.
Los seis pasos de la debida diligencia según la OCDE
La guía de la OCDE ordena el proceso en seis pasos que se retroalimentan entre sí:
- Integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y los sistemas de gestión.
- Identificar y evaluar los impactos adversos reales y potenciales.
- Cesar, prevenir y mitigar esos impactos.
- Dar seguimiento a la aplicación de las medidas y a sus resultados.
- Comunicar cómo se abordan los impactos.
- Reparar o colaborar en la reparación cuando la empresa haya causado el daño o contribuido a él.
El segundo paso es el que más condiciona al resto. Allí la empresa decide dónde están los riesgos más graves y, por lo tanto, a qué debe dedicar primero sus recursos. Para ello suele apoyarse en un análisis de doble materialidad y en el mapa de su cadena de valor.
Tipos de impactos sobre derechos humanos y ambiente
Un impacto adverso es cualquier daño, real o posible, que la actividad de la empresa causa o al que contribuye. También cuenta el daño vinculado a sus operaciones, productos o servicios a través de una relación comercial. Los derechos humanos afectados varían según el sector.
- Laborales: trabajo forzoso, trabajo infantil, jornadas excesivas, salarios insuficientes y condiciones inseguras.
- Sociales y comunitarios: desplazamientos, falta de consulta a comunidades y afectaciones al acceso al agua.
- Ambientales: contaminación, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, que miden indicadores como la huella ambiental.
- De gobernanza: corrupción y falta de mecanismos para presentar quejas.
¿En qué se diferencia la debida diligencia de una auditoría de proveedores?
Una auditoría es una verificación puntual: revisa en un momento dado si un proveedor cumple ciertos requisitos. La debida diligencia es más amplia. Se aplica de forma continua, prioriza los riesgos más graves, exige actuar cuando se detecta un problema y contempla la reparación del daño.
Por eso, una auditoría puede ser una herramienta dentro de la debida diligencia, pero no la sustituye. Una empresa que solo audita corre el riesgo de revisar lo fácil de medir y de pasar por alto lo más grave.
Características de una debida diligencia eficaz
Los organismos internacionales coinciden en varios rasgos que distinguen una práctica real de un trámite. Así lo plantea el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos: la debida diligencia busca, ante todo, prevenir los impactos. Además, su alcance debe ser proporcional a su gravedad y probabilidad.
- Es continua. Los riesgos cambian, así que el proceso se actualiza y no se cierra con un informe.
- Es proporcional. Cuanto más grave y probable es el impacto, más recursos y atención recibe.
- Empieza temprano. Conviene aplicarla desde que se planea una nueva actividad o relación comercial, incluso al negociar contratos.
- Se integra en la empresa. Los hallazgos llegan a las áreas de compras, operaciones, finanzas y recursos humanos, y no se quedan en el área de sostenibilidad.
- Lleva a la acción. Detectar un riesgo sin actuar no cumple con el proceso.
La CSDDD: la debida diligencia como obligación legal en la Unión Europea
La Directiva (UE) 2024/1760, conocida como CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), obliga a las empresas en su alcance a aplicar debida diligencia en derechos humanos y ambiente. Cubre sus operaciones propias, sus filiales y ciertos socios comerciales dentro de las cadenas de actividades.
La directiva se modificó antes de aplicarse. La Directiva (UE) 2026/470, conocida como Ómnibus I, redujo su alcance y suavizó varias obligaciones:
| Aspecto | CSDDD original (2024) | Tras el Ómnibus I |
|---|---|---|
| Empresas de la UE | Más de 1,000 empleados y más de 450 millones de euros de facturación neta | Más de 5,000 empleados y más de 1,500 millones de euros de facturación neta mundial |
| Empresas de fuera de la UE | Más de 450 millones de euros de facturación en la UE | Más de 1,500 millones de euros de facturación en la UE |
| Plan de transición climática | Obligación de adoptarlo y aplicarlo | Obligación eliminada de la CSDDD |
| Responsabilidad civil | Régimen armonizado en toda la UE | Se rige por la legislación de cada Estado miembro |
| Sanciones | Tope de las multas no inferior a 5% de la facturación neta mundial | Tope de 3% de la facturación neta mundial |
| Evaluación periódica de las medidas | Cada año | Cada cinco años |
Obligaciones de las empresas bajo la CSDDD
Tras la reforma, la directiva mantiene su núcleo: las empresas deben aplicar una debida diligencia basada en riesgos. Esto significa que priorizan las áreas donde es más probable que ocurran los impactos más graves y pueden apoyarse en la información razonablemente disponible. Ya no se exige mapear toda la cadena de forma exhaustiva.
Las empresas obligadas deben, entre otras tareas:
- Integrar la debida diligencia en sus políticas y sistemas de gestión.
- Identificar, evaluar y priorizar los impactos adversos.
- Prevenir esos impactos y poner fin a los que ya existen.
- Reparar los daños que hayan causado o a los que hayan contribuido.
- Ofrecer mecanismos de quejas, dar seguimiento a sus medidas y comunicar lo que hacen.
Además, la reforma eliminó la obligación de terminar la relación comercial como medida de último recurso. También aclaró que, si hay una expectativa razonable de que un plan de acción reforzado funcionará, seguir trabajando con el socio no expone a la empresa a sanciones.
Calendario de aplicación de la CSDDD
Los Estados miembros deben incorporar la directiva a su legislación nacional antes del 26 de julio de 2028. Las empresas obligadas deberán cumplirla desde el 26 de julio de 2029. La Comisión Europea publicará guías prácticas sobre cómo cumplir las obligaciones en julio de 2027.
Este calendario deja un margen de preparación. Sin embargo, las solicitudes de información a proveedores suelen empezar antes de que la obligación sea exigible, porque las empresas necesitan tiempo para construir sus procesos.
Mecanismos de quejas y reparación del daño
Un mecanismo de quejas permite que trabajadores, comunidades y otras personas afectadas avisen de un problema antes de que crezca. Los Principios Rectores de la ONU establecen ocho criterios para que sea eficaz: debe ser legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos humanos y una fuente de aprendizaje continuo. Además, cuando lo gestiona la propia empresa, debe basarse en el diálogo con los grupos afectados.
La reparación es el último eslabón del proceso. Cuando la empresa causa un daño o contribuye a él, debe repararlo o colaborar para que se repare. En cambio, si el daño solo está vinculado a sus productos o servicios a través de un socio comercial, no está obligada a repararlo por sí misma. Aun así, debe usar su influencia para prevenirlo o mitigarlo, y puede contribuir a su reparación.
Debida diligencia en pymes: proporcionalidad y primeros pasos
La guía de la OCDE se aplica a empresas de cualquier tamaño, sector y país. Por eso, una pyme no necesita replicar el sistema de un corporativo. Lo importante es ajustar el proceso a sus riesgos reales. Por ejemplo, puede empezar con una política breve, un mapa de sus proveedores más críticos y un canal sencillo para recibir quejas. Así, cuando un cliente grande le pida información, ya tendrá evidencia ordenada.
Efectos de la debida diligencia en proveedores de México y Latinoamérica
La CSDDD no obliga directamente a las empresas mexicanas ni latinoamericanas que no cumplen sus umbrales. Sin embargo, puede alcanzarlas por la vía comercial. Una empresa europea obligada necesita conocer los riesgos de su cadena de actividades y, por eso, suele pedir a sus proveedores políticas, cuestionarios, evidencias y compromisos contractuales.
México tiene un antecedente propio. Fue el primer país de América Latina y el Caribe en adherirse a las Líneas Directrices de la OCDE, en 1994. Además, su Punto Nacional de Contacto, ubicado en la Secretaría de Economía, promueve la conducta empresarial responsable y recibe casos sobre posibles incumplimientos de esas directrices. Las Líneas Directrices son de cumplimiento voluntario, pero el Punto Nacional de Contacto facilita el diálogo entre las partes cuando alguien presenta un caso. Otros países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, también se han adherido.
Para una empresa proveedora, prepararse suele implicar cinco acciones:
- Formalizar una política de respeto a los derechos humanos aprobada por la dirección.
- Identificar los riesgos laborales, sociales y ambientales de sus operaciones y de sus propios proveedores.
- Establecer un mecanismo de quejas accesible para trabajadores y comunidades.
- Documentar las medidas que toma, para responder con evidencia.
- Asignar responsables dentro de la gobernanza corporativa de la empresa.
Relación de la debida diligencia con la CSRD y otras normas de reporte
La CSDDD exige actuar, mientras que la directiva de reporte CSRD exige informar. Ambas se complementan. Por un lado, la información que genera la debida diligencia sobre impactos, riesgos y medidas alimenta el análisis de doble materialidad. Por otro lado, el reporte permite que inversionistas y clientes comprueben lo que la empresa dice hacer.
Así, una empresa que ordena su debida diligencia también facilita su reporte de sostenibilidad, ya sea bajo normas europeas, internacionales o locales.
Una práctica voluntaria que se vuelve exigencia comercial
La debida diligencia pasó de ser una recomendación de la ONU y de la OCDE a un requisito legal en Europa, aunque con un alcance más estrecho del previsto. Esa evolución cambia la conversación en la cadena de suministro. Los compradores buscan proveedores que puedan demostrar cómo gestionan sus riesgos, y esa capacidad se vuelve una ventaja competitiva incluso cuando la ley no obliga de forma directa.
Fuentes consultadas
- Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 2011.
- OCDE. Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, 2018.
- Secretaría de Economía de México. Punto Nacional de Contacto de México, página institucional.
- Naciones Unidas, Asamblea General. Informe del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos (A/73/163), 2018.
- Unión Europea. Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, 2024, y Directiva (UE) 2026/470, 2026.
