CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)

El desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable se usan casi como sinónimos, pero tienen un matiz distinto. El primero pone el acento en mantener el equilibrio a lo largo del tiempo; el segundo, en la capacidad del sistema de sostenerse a sí mismo con sus propios recursos.

Los derechos humanos son las garantías que corresponden a toda persona por su sola condición de serlo. En México, la reforma constitucional de 2011 transformó su alcance. Elevó los tratados internacionales al rango de la Constitución y obligó a toda autoridad a aplicar la norma más protectora.

El informe anual de Aon confirma que 2025 fue el tercer año más caluroso de la historia. Mientras el mundo perdió 260 mil millones de dólares, en Latinoamérica la falta de seguros (solo 23% de cobertura) agrava la pobreza tras los desastres.

El análisis de materialidad decide qué asuntos de sostenibilidad importan de verdad, y esa decisión no puede tomarse de espaldas a quienes rodean a la organización. Los grupos de interés aportan la información que convierte una lista de temas genéricos en una matriz de materialidad sólida y creíble.

Los ejemplos de sostenibilidad son acciones concretas que equilibran economía, ambiente y bienestar social. Aparecen en la energía, las empresas, las ciudades, la alimentación y el hogar. En 2024 las renovables sumaron 585 GW nuevos, según IRENA, el mayor salto anual desde el año 2000.

México cuenta con ocho sitios de valor natural reconocidos por la UNESCO: seis bienes naturales y dos mixtos, dentro de su lista de Patrimonio Mundial. Son hitos de biodiversidad que el país tiene la responsabilidad de proteger, ya que su pérdida representaría un daño irreparable para el planeta.

México alcanza un 70.8 % de cumplimiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que lo ubica en el lugar 72 de 167 países. El país ha impulsado mecanismos propios de seguimiento, aunque el avance sigue siendo desigual entre regiones y objetivos.

Las clases sociales en México se describen con dos enfoques. Uno es la clasificación de seis clases publicada en el Diario Oficial en 2014, con porcentajes de población. El otro son las mediciones del INEGI y de la AMAI, que estiman cuánto ganan los hogares y cómo se distribuyen.