Valor Compartido

Los 7 principios de empoderamiento de la mujer, conocidos como WEPs, son el marco que ONU Mujeres y el Pacto Mundial crearon en 2010. Orientan a las empresas en materia de igualdad de género. Además, adherirse es gratuito y requiere la firma de la dirección general.

El estudio mensual de Ipsos "¿Qué le preocupa al mundo?" detalla que la inseguridad, la corrupción y el desempleo lideran la agenda de inquietudes de la sociedad mexicana, superando significativamente los promedios globales durante este primer semestre del año.]

Según el estudio de EY, el 76% de las organizaciones regionales reporta beneficios comerciales tangibles, consolidando estas prácticas como un motor esencial para atraer inversión sostenible y fortalecer la resiliencia organizacional ante desafíos globales.

La igualdad de género se presenta a menudo como vía para mejorar resultados financieros. La evidencia en ese punto es más débil de lo que suele afirmarse. El dato macroeconómico, en cambio, sí es sólido: cerrar la brecha de participación laboral sumaría 6.9 billones de pesos al PIB mexicano.

Este análisis permite a ciudadanos y tomadores de decisiones comprender las barreras estructurales que limitan el bienestar colectivo y la calidad de vida en el territorio nacional.

Confundir RSE, sostenibilidad y ESG es muy común, aunque cada concepto cumple una función distinta. Esta guía sencilla aclara qué significa cada uno, en qué se diferencian y por qué hoy funcionan como piezas de un mismo engranaje dentro de cualquier organización responsable.

Medir la sostenibilidad corporativa exige ir más allá del retorno financiero tradicional. Por consiguiente, entender su verdadero impacto implica evaluar cómo la resiliencia, la adaptación y el fortalecimiento de capacidades operativas protegen a las organizaciones frente a la creciente incertidumbre futura.

Los derechos humanos son las garantías que corresponden a toda persona por su sola condición de serlo. En México, la reforma constitucional de 2011 transformó su alcance. Elevó los tratados internacionales al rango de la Constitución y obligó a toda autoridad a aplicar la norma más protectora.