Zurich

Google Ad Grants entrega a las organizaciones sin fines de lucro hasta 10,000 dólares mensuales en publicidad de búsqueda sin costo. Entender sus requisitos, el proceso de activación y las buenas prácticas marca la diferencia entre una cuenta que crece y una que termina desactivada.

Great Place to Work México revela que las organizaciones con culturas sólidas logran una adaptación al cambio superior, garantizando mejores resultados mediante una comunicación clara y un liderazgo con visión estratégica.

El crecimiento demográfico y el aumento en el consumo de recursos naturales exigen un cambio radical en los modelos de negocio tradicionales. Implementar estrategias basadas en la sustentabilidad integral ya no es una opción de relaciones públicas, sino una necesidad imperiosa para garantizar la supervivencia del mercado.

Diseñar un plan de sostenibilidad estructurado permite a las organizaciones alinear sus objetivos de negocio con las expectativas globales, mejorando su reputación y competitividad.

La gestión de la sostenibilidad corporativa experimenta un cambio de prioridades sin precedentes a nivel global. Los fallos éticos y de transparencia han superado a las urgencias ambientales como el principal factor de riesgo para la reputación de las organizaciones, transformando las exigencias del mercado.

Los ejemplos de economía circular muestran cómo extender la vida de productos y materiales: reúso, reciclaje, reparación, rediseño y servitización. Aparecen en el hogar, las empresas y la industria. El modelo ya emplea a más de 120 millones de personas en el mundo, según la OIT.

Según el estudio de EY, el 76% de las organizaciones regionales reporta beneficios comerciales tangibles, consolidando estas prácticas como un motor esencial para atraer inversión sostenible y fortalecer la resiliencia organizacional ante desafíos globales.

Los derechos humanos son las garantías que corresponden a toda persona por su sola condición de serlo. En México, la reforma constitucional de 2011 transformó su alcance. Elevó los tratados internacionales al rango de la Constitución y obligó a toda autoridad a aplicar la norma más protectora.