La organización B Lab actualiza sus criterios de evaluación para certificar el impacto social y ambiental de las empresas en todo el mundo, exigiendo a las compañías mayor transparencia y cumplimiento obligatorio en siete áreas clave de impacto.
CIUDAD DE MÉXICO, 10 DE JUNIO DE 2026. — El panorama empresarial internacional enfrenta un ajuste profundo en sus reglas de juego ante la actualización de los estándares de B Lab, la entidad responsable de otorgar la certificación de Empresas B™. Este cambio representa la evolución más significativa en la historia del movimiento y busca alinear el desempeño corporativo con las crecientes expectativas regulatorias y sociales. La nueva metodología de B Lab sustituye el anterior sistema de áreas de evaluación por siete temas de impacto obligatorios, centrados en la sostenibilidad, derechos humanos, trabajo justo y acción climática.
Nuevas exigencias para una economía regenerativa
Asimismo, este modelo busca elevar el nivel esperado para demostrar un impacto social, ambiental y económico verificable. Por consiguiente, las empresas ya no podrán compensar áreas débiles con fortalezas en otras categorías, pues todos los temas de impacto resultan de cumplimiento forzoso. De igual forma, los criterios incorporan metodologías internacionales reconocidas como los estándares GRI, la iniciativa SBTi para objetivos climáticos y Fair Trade para el comercio justo.
“Los nuevos estándares representan una nueva etapa para las Empresas B y reflejan la evolución de las expectativas sobre lo que significa liderar con impacto. Más que sustituir un modelo por otro, los nuevos estándares ofrecen una referencia más clara, rigurosa y verificable para gestionar y demostrar el impacto empresarial”.— Javier Herrero, Director General de Sistema B México.
Hacia una mayor transparencia empresarial
Finalmente, este ajuste estratégico llega cuando el movimiento B Lab supera las 10,000 empresas certificadas globalmente, con una presencia creciente en México. En conclusión, la implementación de estas métricas facilitará que el sector privado sea un agente de cambio más eficiente, gestionando emisiones, debida diligencia en derechos humanos y gobernanza corporativa bajo un marco de mejora continua indispensable para la Agenda 2030.
