Ser una empresa socialmente responsable representa para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la posibilidad de que los consejos de administración apliquen y respeten en doble vía, los derechos humanos.
Primero los laborales para sus empleados y en su cara externa los derechos fundamentales refrendados por la ONU, a fin de lograr una congruencia con la no contratación de niños, evitar toda práctica de esclavitud así como explotación laboral y marginal.
Al respecto, el enfoque de la voluntariedad (Business case) argumenta a favor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) una serie de aspectos positivos en función del beneficio que dicha estrategia puede suponer para el negocio de la empresa.
La investigadora Marta de la Cuesta refiere que “este enfoque se basa en los vínculos existentes o potenciales entre la calidad de las relaciones de la empresa con sus stakeholders o grupos de interés”.
Al parecer, las empresas que juegan el rol del “buen samaritano” le retribuyen en doble vía. De la Cuesta apunta que los propios mercados de valores están desarrollando instrumentos de medición para capturar información acerca del grado de impacto en las finanzas y resultados contables de las empresas cuando éstas incorporan elementos socialmente responsables. No obstante aún son incipientes.
De hecho, Simpson y Kohers advierten que puede establecerse una correlación entre buenas prácticas sociales y medioambientales y un incremento en la cuenta de resultados.
Poco a poco van estructurándose estudios comparativos de RSC versus mejores ganancias, en indicadores bursátiles éticos o de sostenibilidad como el FTSE 4 Good o el Dow Jones Sustainability y otros indicadores de referencia del mercado.
Hay una motivación de las casas de inversión y los ingenieros financieros encargados de concebir nuevos fondos de inversión para convencer a las empresas con salida en bolsa que conviene preocuparse por los derechos humanos, hacer contribuciones sociales de nicho y adoptar prácticas empresariales menos nocivas para el medio ambiente. “A la larga se obtienen mejores cotizaciones que el resto”.
Si en su origen las finanzas éticas estaban impulsadas por cuestiones morales o religiosas (Kohers), en la actualidad los mercados financieros y las grandes inversiones ven en el comportamiento socialmente responsable de la empresa un valor añadido.
A COLACIÓN
Eduardo Fuentes Ganzo explica en “la responsabilidad social corporativa. Su dimensión normativa: implicaciones para las empresas españolas”, que “hay que situar al Libro Verde como un instrumento jurídico aplicativo, algo más que una mera declaración de intenciones y algo menos que una norma jurídica de carácter positivo”.
De esta forma, en las lecturas realizadas acerca de la información del Libro Verde encontramos la convocatoria hacia las empresas europeas, grandes, medianas o pequeñas, sin poner traba al tamaño para que de forma voluntaria adopten y apliquen criterios de contribución social destinando un porcentaje al libre albedrío de lo que consideren prudente para aplicar programas privados con tintes de cooperación y de incidencia comunitaria en: educación, pobreza, microempresas, microcréditos, etc.
Se avanza en incluir la gestión de la responsabilidad y la lucha contra la corrupción con el modelo ideal de evitar la participación en países con gobiernos poco transparentes.
Ante los desafíos globales por el cambio climático, la mayor inclinación del Libro Verde es por los procesos de producción con respeto al medio ambiente mediante criterios sustentables.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere la necesidad de que las empresas, haciendo énfasis en las grandes multinacionales y trasnacionales, adopten criterios de contribución social sobre todo con el llamado tercer mundo; y lleven a cabo la gestión de la responsabilidad por medio de democratizar sus consejos de administración, eliminando las prácticas discriminatorias entre los empleados, elevando tabuladores salariales y aplicando la equidad de género.
Además de ello, a la OIT le preocupa el énfasis en que las empresas adopten criterios de derechos humanos, sean respetados en doble vía: hacia afuera de las comunidades en las que inciden y hacia adentro con sus trabajadores, evitando la violación de los contratos laborales; reconociendo los pronunciamientos de la OIT en contra de la explotación de los menores de edad; de la ONU y la OIT contra la esclavitud en la producción.
En tanto, la ONU, con el Pacto de las Naciones Unidas, pide a las grandes empresas una corresponsabilidad social, pero carece de toda normativa. Y eso que el 2015 está ya a la vuelta de la esquina.
Fuente: El Diario de Coahuila
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