La evaluación de impacto social es un requerimiento que representa un avance en la legislación mexicana y que moderniza al país en cuestiones de derechos humanos.
No obstante, problemas de gobernabilidad, seguridad y la falta de un marco legal completo puede fungir en detrimento de las empresas y de las mismas comunidades que se busca proteger.
La incorporación de la evaluación de impacto social como nuevo requerimiento para la construcción de proyectos de infraestructura energética se da debido a las tendencias internacionales en materia de consulta previa y respeto a derechos humanos de comunidades impactadas por ellos. Esta preocupación surge de un pasado donde poblaciones acusaban a las empresas de mal informarlas, despojarlas de su propiedad e incluso de alterar su entorno natural y social de manera negativa.
Si bien en varias ocasiones existían demandas legítimas, en muchas otras se creaban movimientos opositores cuyo fin era detener el proyecto momentánea o definitivamente para obtener recursos del gobierno e incluso extorsionando directamente a las empresas.
La evaluación de impacto social busca, parcialmente, terminar con malas prácticas sobre todo de las empresas y un tanto de grupos disruptivos como los mencionados. La hipótesis es que al incluir a la comunidad en los procesos que implica la realización de un proyecto energético, se minimizarán descontentos, disminuyendo los riesgos al proyecto y garantizando que este tenga el mayor impacto positivo posible.
Esto es sólo parcialmente cierto. Como está establecido el proceso sólo dota a la empresa de competencias parciales para asegurar la construcción del proyecto, ya que los impactos derivados del mismo son sólo un parte del entramado político, social, cultural y medio ambiental en que se ven inmiscuidos, por lo que hay que tomar en consideración lo siguiente al realizarla:
Palomear la parte social no es suficiente
Asumir que la realización de la Evaluación de Impacto Social es suficiente es un error. Ciertamente esta permite conocer a fondo las comunidades que se verán afectadas por el proyecto así como inventariar los impactos sociales positivos y negativos -reales y percibidos- que derivan del mismo. No obstante, se centra en afectaciones desde el proyecto hacia las comunidades y omite los efectos del entorno hacia el proyecto, tales como la situación de seguridad, la existencia de grupos y cotos de poder formales e informales, conflictos político-sociales históricos o la presencia de organizaciones disruptivas.
¿Energía limpia y no tradicional? A la gente, le da igual
Creer que al ser un proyecto de energía limpia se tiene, en automático, licencia social, puede poner en riesgo el proyecto ya que si bien es cierto que se está aportando al desarrollo sostenible del país, la construcción del proyecto genera preocupaciones que también surgirían en otros más tradicionales del sector hidrocarburos: la mal información, compra de tierras, generación de desechos o la alteración del medio ambiente son algunos de ellos. Estos puede dar pie al fortalecimiento o aparición de un movimiento opositor que puede detener el proyecto. Un ejemplo de ello se dio en Estados Unidos, donde la ciudad de Woodland, Carolina del Norte, impidió la construcción de una granja solar por miedo a que los paneles “causaran cáncer” y a que “se estarían robando la energía del Sol”.
Cuidado con tenerle miedo a la consulta
Al realizar la evaluación de impacto social, se suele caer en la trampa de apegarse totalmente a lo que marca la ley o sólo considerar a quienes están de acuerdo con el proyecto para realizar el estudio de manera participativa. Esto suele darse no por una omisión consciente, sino por fallar en delimitar correctamente las comunidades impactadas y sólo considerar aquellas donde se sitúa físicamente el proyecto o las que recibirán algún incentivo económico y/o social a partir de este. No obstante, cualquier voz que justifique un impacto derivado del proyecto -real o percibido- y que afirme que no fue tomada en cuenta, podría invalidar la evaluación y retrasar el proyecto al no dársele cabida a sus reclamos de manera oficial. Algunos movimientos y organizaciones podrían tomar cuenta de ello y utilizarlo de manera negativa. Esto se dio en Juchitán, Oaxaca, cuando un proyecto de energía eólica de la empresa “Energía Eólica del Sur” fue detenido mediante amparo ya que “sólo se había consultado al 1 % de la población impactada”.
La seguridad siempre es primero
Es importante hacer un énfasis en la situación de seguridad regional y local del lugar donde se desarrollará el proyecto. La fase posterior a la atomización de grandes cárteles del narcotráfico trajo la aparición de nuevos grupos más compactos y móviles así como de bandas criminales de actuar local que buscan cada vez más obtener ingresos de delitos como robo, secuestro, extorsión e incluso trata de personas. Por ello es importante conocer la incidencia delictiva de la zona donde se desarrollará el proyecto, ya que tanto el personal como la infraestructura podrían verse afectados por ello. El robo de material y la extorsión a individuos son sólo algunos de los delitos que podrían afectar negativamente a la empresa.
Una cosa es el país y otra cosa sus regiones
Ya no es suficiente tener contacto con un secretario de Estado, el gobernador o el alcalde de la entidad donde se instalará el proyecto para asegurar su desarrollo, es necesario conocer las redes de poder en la región que interesa y entender los fenómenos que incentivan la aparición de grupos disruptivos que acaparan el acceso de proyectos y del mismo gobierno. Si bien su presencia complica el desarrollo del proyecto, es posible contrarrestarlo con una estrategia de mitigación de riesgos adecuada y programas de impacto social que erijan a la empresa como un actor de beneficio para la comunidad.
A veces el mejor ataque es una buena defensa
Si bien es importante tener un plan de gestión social que aborde los impactos que derivan del proyecto, también es necesario construir una agenda de riesgos que provengan del entorno. Como se comenta en los puntos previos, la comprensión integral del éste y de cómo se incrusta el proyecto dentro del mismo permitirá la generación de un plan de mitigación de riesgos que incluya estrategias de relacionamiento (y de no relacionamiento) con actores estratégicos, esquemas de protección y seguridad o protocolos de atención a crisis, entre otros.
La evaluación de impacto social es un requerimiento que representa un avance en la legislación mexicana y que moderniza al país en cuestiones de derechos humanos. No obstante, problemas de gobernabilidad, seguridad y la falta de un marco legal completo puede fungir en detrimento de las empresas y de las mismas comunidades que se busca proteger.
A pesar de que este trámite puede generar costos financieros y de tiempo en el corto plazo, permiten evitar algunos problemas futuros que podrían poner en peligro el proyecto, su construcción y operación. Sin embargo, es necesario desarrollar una metodología más integral, que aproveche los requerimientos de la evaluación y permita a la empresa obtener un panorama holístico del entorno del proyecto, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad social y operativa tanto en el corto como en el largo plazo.
* Khublai Villafuerte es consultor en Riskop, firma de inteligencia estratégica y control de riesgos.
Fuente: Animal Político
