El proceso que permite a una empresa social con fines no lucrativos contar con la autorización de donataria puede llegar a ser complicado y demasiado tardado. Esta aprobación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), demora como mínimo seis meses.
Que una compañía cuente con el distintivo de donataria significa que puede expedir recibos deducibles de impuestos gracias a donantes, por lo que su carga fiscal se ve disminuida. Éstas son reguladas por el Título III de la Ley del ISR y actualmente en México hay alrededor de 25,000 empresas en todo el país con este carácter.
Esta dilación se vuelve determinante en el proceso de sobrevivencia de la organización: “al no contar con el carácter de donatarias, las empresas tienen menores posibilidades de diversificar sus fuentes de financiamiento y pagan montos mayores de impuestos sobre la renta (…) al no tener dinero para operar, no cumplen los objetivos de los emprendimientos sociales y comienzan a cerrar sus puertas”, explica Hatziri Recillas, fundadora y directora de Desarrollo y Finanzas de Dakshina, organización que ofrece asesoría fiscal jurídica y financiera a proyectos sociales.
Ser una compañía con donataria autorizada no quiere decir que no esté interesada en resolver una problemática social ni que la ventaja sea recibir donativos libres. De hecho, las actividades que desarrollen deben tener como meta el cumplimiento de su objeto social, sin intervenir en campañas políticas o influir en actividades en la legislación. Y todos los fondos entregados a la empresa serán reinvertidos en programas con beneficio para la comunidad.
Sin embargo, existen otras posibilidades. Hatziri Recillas detalla que también brinda la oportunidad de integrar otros recursos financieros como la venta de bienes y servicios con causa social y que, a pesar de ser ventas, están exentos de impuestos. Sin duda, el dinero que destinan al pago de sus obligaciones fiscales podría ser utilizado en cualquier otro programa.
Una posible revocación
El problema se genera cuando los emprendedores no consiguen la autorización de donataria y el capital para arrancar el proyecto se termina. “El 80% de las empresas que buscan este carácter sin la adecuada asesoría, no lo obtienen; intentar una y otra vez agota sus recursos”, comenta la fundadora de Dakshina.
Cabe señalara que las principales causas que provocan la revocación de la autorización es que no se cumple con los requisitos establecidos por la ley, como por ejemplo que dentro del acta constitutiva de la empresa se haga alusión a actividades con fines de lucro, que utilicen los recursos económicos para actividades no relacionadas con el objeto social y, la que ha tenido mayor auge últimamente, es que la plataforma del SAT no está funcionando adecuadamente, por lo que un mes después de meter la solicitud, el sistema te notifica que tienen que volver a presentarla ya que los documentos no son legibles.
Por su parte, José Manuel Valderrain, socio director del despacho Velderrain, Sáenz y Asociados, dijo que otra de las limitaciones que tienen que enfrentar las empresas sociales en cuanto a la autorización de donataria es que se ubiquen dentro de las actividades que establece la autoridad gubernamental para obtener dicha aprobación. Éstas son: asistenciales, educativas, de investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, de preservación de especies en peligro de extinción, de apoyo económico, becantes (apoyos educativos), de escuela-empresa (programas dentro del plan de estudios de una institución educativa), de obras y servicio público y de desarrollo social.
“Esto complica la creación de empresas sociales, ya que si no pertenecen a uno de estos giros y su dinero es limitado, es prácticamente imposible que sobrevivan”, asevera el contador.
Requisitos para ser una empresa donataria
En pro de los emprendedores sociales
En México, ciertamente, el proceso para obtener este distintivo se ha facilitado, empero, aún sigue teniendo limitaciones, principalmente para las empresas recién constituidas. Además, aclara Hatziri, muchos notarios no están familiarizados con el tema. En términos de emprendimiento “los proyectos que no son acompañados oportunamente emplean entre ocho meses y un año de su tiempo en este tema, así como recursos que llegan hasta los 18,000 pesos que podrían destinarse a otras áreas de la empresa”, precisa.
Es indudable la importancia de contar con buena asesoría, señala José Manuel Valderrain, al final del día los emprendedores están pagando y cumpliendo con sus obligaciones fiscales aunque no tengan ingresos, esto los desfalca. “debe quedar claro que conseguir la autorización no es con fin de recaudación, sino con fin social”.
En cuanto a las propuestas para mejorar esta experiencia, ambos expertos coinciden en que la reducción en el tiempo de la autorización y la posible ampliación de giros para aplicar al distintivo, serían buen comienzo.
Asimismo, se debería generar un marco fiscal para emprendedores que no solo facilite el financiamiento, sino que también lo promueva. Contar con un apartado específico en la Ley del ISR para emprendimientos sociales.
De igual manera, buscar alternativas para que dejen de depender del recurso de los donativos y exploren otras maneras de conseguir capital, como la venta de bienes o servicios a través de la comercialización de metodologías de intervención social a otras empresas. “Dejen de lado el dinero de las donaciones, éste es etiquetado y utilizado según las restricciones del donador. Generen nuevas alternativas de financiamiento e inversión social que les permita tener un mayor impacto en la comunidad y ser sostenibles” finaliza la directora de Dakshina.
zyanya.lopez@eleconomista.mx
CRÉDITO: Zyanya López / El Empresario
, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), demora como mínimo seis meses.
Que una compañía cuente con el distintivo de donataria significa que puede expedir recibos deducibles de impuestos gracias a donantes, por lo que su carga fiscal se ve disminuida. Éstas son reguladas por el Título III de la Ley del ISR y actualmente en México hay alrededor de 25,000 empresas en todo el país con este carácter.){kind=link}