El poder del compromiso: El camino a la economía circular en las empresas debe andarse como una estrategia de negocio, en la que resalten la responsabilidad social, la voluntad de los actores y sus iniciativas.
El poder del compromiso
Para poder modificar la conducta de las personas frente a lo ambiental, social y económico se han usado diversos instrumentos como los de comando y control (la ley); los voluntarios (distintivos, certificaciones) y los económicos, los cuales, a partir del costo, harán que las personas tomen decisiones.
En este sentido, la mayor cantidad de iniciativas en temas socialmente responsables y sostenibles, como la economía circular, se mantienen como instrumentos voluntarios, a menos que sean relacionados con la contaminación, impactos a la salud, protección a la biodiversidad o a los ecosistemas, pues en esos casos sí interviene la ley.
Esto no quiere decir que las leyes sean en todos los casos la mejor opción. De hecho, gran parte de las iniciativas se hacen de manera voluntaria pues se necesita mucho dinero para hacer leyes, mantenerlas y hacerlas valer.
Entonces, ¿es necesaria una Ley general de economía circular como la que planteó la Cámara de Senadores a fines del año pasado? El término economía circular se concibe como un proceso que optimiza el uso de recursos y fomenta la eficiencia de los sistemas productivos, además de consolidar la coordinación entre las administraciones, sectores económicos y el conjunto de la sociedad.
En este sentido, más que de una ley se necesita el compromiso de tomar acciones que nos lleven a un cambio; las empresas deben ponerse de acuerdo con el gobierno y con la sociedad para empezar a hacer economía circular, que además seguramente generará nuevos empleos, además de la libertad que se tiene para empezar a hablar, gestionar y armar procesos en donde todos ganen.
Por esto, la mayoría de los países llevan este tema como un instrumento voluntario y económico, ya que también debe haber algún incentivo, la economía circular no solo es cuestión de bienestar ambiental o social.
Considero que tener una ley de economía circular merma las posibilidades de diálogo y negociación entre actores públicos, privados y sociales, no deja campo para que las personas vayan encontrando áreas de oportunidad, sino que supervisa y da seguimiento a través de un mandato que limita la libertad, la creatividad y la innovación.
Dicha ley pide que las empresas elaboren un informe para dar seguimiento a los temas de economía circular, sin embargo, habría que definir primero qué es una empresa, pues alguien que tenga una tienda en la esquina ya es un empresario y no por eso tiene la capacidad, voluntad, liderazgo y tiempo para gestionar acciones que permitan avanzar en un esquema de economía circular.
Considero que ahí las instituciones públicas pueden ser actores que impulsen este esquema, pero no por fuerza de ley, más bien por la vía de la gestión y los incentivos.
Se debe gestionar como una estrategia de negocio en la que resaltemos la sostenibilidad y la responsabilidad social a partir de la voluntad de los actores y sus iniciativas.
La economía circular debe empezar a conformarse a través de esquemas voluntarios con incentivos económicos y una vez que logremos una tendencia en el mercado, entonces sí se podría regular, ya que al ser adoptado por muchas empresas deja de ser innovador.
Porque lo que estamos buscando es precisamente la innovación e incentivar los compromisos por generar la economía circular y no que solo se haga porque es obligatorio o para ir por la línea del resto del mundo y no quedarnos fuera de la conversación global.
