Detrás del concepto de la RSE existe una expectativa implícita de que las empresas resolverán gran parte —si no es que todos— los problemas de la sociedad. Es muy probable que esta idea esté relacionada con el hecho comprobado de que el sector privado en conjunto moviliza la mayor “tajada del pastel” de la riqueza mundial, en muchos casos por encima de los Estados, y esto le brinda un gran peso económico y político.
A mayor poder mayor responsabilidad. Sin embargo, en lo que se refiere a la técnica y la ciencia de generar un desarrollo sustentable, tenemos que aceptar que las empresas no tienen todo resuelto. Si el desarrollo se tratara sólo de recursos es muy probable que el involucramiento de las empresas fuera precisamente la solución de gran parte de los problemas, pero esto supone mucho más que recursos: una técnica y una masa crítica de actores yendo en la misma dirección. Eso es precisamente lo que le brinda a las alianzas, en cualquiera de sus modalidades, gran importancia para una gestión “responsable” de la RSE (valga la redundancia).
No es casualidad que en los últimos años, las tendencias de responsabilidad social vayan dirigidas precisamente a la promoción de alianzas estratégicas o partnerships.
Dichos acuerdos pueden tomar formas distintas e involucrar o no recursos económicos o en especie. Las alianzas también pueden abordar diferentes aristas de la RSE, pero hay temas en los que es más crítica –y probablemente indispensable– la participación conjunta de los tres sectores: público, privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
La solución de los problemas sociales complejos, estructurales y sistémicos supone necesariamente la incidencia coordinada y colaborativa de diversos actores de la sociedad. La pobreza, desigualdad y corrupción son temas clave en los que la creación de alianzas es indispensable. Dicho de forma propositiva: las alianzas son vitales en la promoción del desarrollo comunitario y la ética empresarial.
La promoción del desarrollo comunitario requiere de la coordinación de actores y exige capacidad técnica y capital humano experimentado para lograr incidir de manera correcta. Las OSC tienden a ser actores con dicha capacidad. Además de conocer las necesidades de la comunidad, tienen permanencia dentro de la comunidad, lo cual les habilita un poder de convocatoria y la neutralidad para implementar proyectos libres –en gran medida– de cualquier interés político o económico. Un caso reciente es el convenio de colaboración firmado por FEMSA y los bancos de alimentos de México, a través del cual se unen esfuerzos para la promoción de hábitos alimenticios saludables y contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, sobre todo infantil.
Las alianzas también son indispensables en la lucha contra la corrupción porque ésta se ha abierto paso a todo lo ancho y amplio de nuestra sociedad. Si bien el concepto de corrupción se asocia con el sector público, es bien aceptado ya que la corrupción tiene su origen en la unidad más pequeña de la sociedad: la familia, y tiene su destino en nuestras grandes unidades organizativas: el gobierno y las empresas. Un ejemplo claro de pasos a seguir en este sentido es la reciente firma y publicación del Código de Integridad y Ética Empresarial, promovido por el Consejo Coordinador Empresarial. Éste es un paso importante en la lucha de las empresas contra la corrupción, aunque faltará que los sectores públicos y la sociedad civil hagan su parte en este camino.
Si su importancia es tan crítica, ¿por qué no se dan las alianzas más a menudo? Una limitación importante es la falta de espacios de convivencia intersectorial. En donde no hay comunicación se reducen las posibilidades de trabajo conjunto. Si bien es en las cámaras y organismos empresariales en donde se coordina la iniciativa privada y se promueve la coincidencia con el sector público, existen muy pocos espacios de coordinación con las OSC. Fomentar la convivencia entre los tres grandes sectores organizativos del país contribuiría al trabajo coordinado y conjunto de los mismos en favor de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
ANA MAGDALENA RODRÍGUEZ ROMERO
Directora de ACCSE Occidente, agencia de consultoría en responsabilidad social y desarrollo sustentable.
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Fuente: Mundo Ejecutivo
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