Universidad Iberoamericana

La regla de las 3R propone reducir, reutilizar y reciclar para generar menos basura. Esta guía explica qué significa cada R, en qué orden aplicarlas, qué establece la ley mexicana, cuánta basura se produce en México y cómo llevar la regla a la casa y a la empresa.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organizaciones civiles y empresas destacan que la participación femenina en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas alcanza el 35%. Fomentar estas vocaciones funciona no solo como estrategia de competitividad, sino como una herramienta efectiva de prevención social.

El desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable se usan casi como sinónimos, pero tienen un matiz distinto. El primero pone el acento en mantener el equilibrio a lo largo del tiempo; el segundo, en la capacidad del sistema de sostenerse a sí mismo con sus propios recursos.

México alcanza un 70.8 % de cumplimiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que lo ubica en el lugar 72 de 167 países. El país ha impulsado mecanismos propios de seguimiento, aunque el avance sigue siendo desigual entre regiones y objetivos.

La igualdad de género se presenta a menudo como vía para mejorar resultados financieros. La evidencia en ese punto es más débil de lo que suele afirmarse. El dato macroeconómico, en cambio, sí es sólido: cerrar la brecha de participación laboral sumaría 6.9 billones de pesos al PIB mexicano.

Los ejemplos de responsabilidad social son acciones concretas —de empresas, personas, gobiernos, escuelas y comunidades— que buscan el bienestar común y asumen el impacto de cada decisión. Van desde reducir emisiones de carbono hasta el voluntariado de barrio o el reciclaje diario. Hoy más de 17.000 empresas en 160 países asumen este compromiso a través del Pacto Mundial de la ONU (2024).

Los derechos humanos son las garantías que corresponden a toda persona por su sola condición de serlo. En México, la reforma constitucional de 2011 transformó su alcance. Elevó los tratados internacionales al rango de la Constitución y obligó a toda autoridad a aplicar la norma más protectora.

Según el estudio de EY, el 76% de las organizaciones regionales reporta beneficios comerciales tangibles, consolidando estas prácticas como un motor esencial para atraer inversión sostenible y fortalecer la resiliencia organizacional ante desafíos globales.